Irene Montero llegó al segundo Ministerio de Igualdad de la democracia con la cartera llena de propuestas, iniciativas en muchos casos polémicas por las que se ha enfrentado incluso con algunos miembros socialistas del Ejecutivo de coalición. Pero arrancó la legislatura llevando la Ley de Libertades Sexuales al Consejo de Ministros en primera vuelta y, aunque haciendo concesiones, en este año y medio ha dejado enfilados varios de sus principales proyectos. En el camino se ha impuesto en materia feminista a un peso pesado como la ya exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Después de la conocida como ley del solo sí es sí -que a principios de este mes regresó a la reunión del gabinete para salir ya hacia el Congreso-, Montero logró aprobar el Plan Corresponsables o, más recientemente, desbloquear la Ley Trans y que se iniciase su tramitación. Conjuntamente con Trabajo puso asimismo en marcha dos reales decretos para avanzar en la reducción de la brecha salarial. De cara al próximo curso, estos son algunos de sus siguientes frentes.

Enmiendas a la Ley Trans

Desde el ministerio muestran su satisfacción por haber conseguido desatascar las negociaciones de la finalmente denominada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y haber asegurado "lo más importante y urgente": la autodeterminación de género. Reconocen sin embargo que algunos aspectos han quedado fuera y admiten que les hubiera gustado que otros contasen con mayor concreción pero agregan que hay "mucho margen y tiempo para mejorar el texto" hasta su aprobación definitiva. 

Doble comparecencia, menores, género no binario... La Ley Trans llega al Consejo de Ministros tras algunos cambios

Entre los asuntos que Igualdad espera modificar se encuentra el límite de edad fijado para poder solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil. El objetivo es rebajarlo a los 12 años, en línea con lo que reclaman las organizaciones más representativas del colectivo trans. La última versión de la norma establece que los menores de entre 14 y 16 años necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para realizar dicho cambio y que entre los 12 y los 14 tendrán que acudir a un juzgado. 

Unidas Podemos también ha lamentado que el PSOE no haya aceptado la inclusión de una tercera casilla para quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Hasta ha desaparecido del texto la disposición adicional segunda, que establecía que "el Gobierno remitiría en el plazo de un año a las Cortes Generales un informe sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del reconocimiento del género no binario". En aras de desbloquear las negociaciones, quedó igualmente fuera el acceso de los migrantes a la autodeterminación. 

Reforma del aborto

La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es otro de los puntos que figura en el acuerdo de Gobierno. Después de que se conociera que se derogará el permiso paterno para abortar a partir de los 16 años -introducido por el PP en 2015-, Montero ha manifestado su intención de eliminar los tres días de reflexión que actualmente son obligatorios. Además pretende "regular la objeción de conciencia" de los médicos para que cualquier mujer pueda acudir a un hospital público y cercano a su domicilio, así como elegir el método. Estas medidas han suscitado críticas entre los facultativos. 

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"El derecho de los médicos no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", argumentó la ministra, quien también anunció que la reforma debe dar pasos en ámbitos como la educación afectivo sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos. La nueva norma prevé además penalizar el acoso a las clínicas, para "garantizar que esos centros y sus entornos son lugares seguros, igual que hacen otros países, como Francia".

El ministerio pretende asimismo que la gestación subrogada sea un tipo de violencia contra la mujer. Su intención es que, junto a ella, la nueva ley considere en ese rango la esterilización forzada, el aborto forzado y la violencia ginecoobstétrica, reconocidos en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española. La finalidad es regular violencias que se quedan fuera de otras normas.

Mejora de las actuaciones contra la violencia de género

Ante el aumento del número mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los últimos meses, Igualdad ha trabajado junto a Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales en un catálogo de medidas urgentes dentro del Plan de Mejora y Modernización de los mecanismos de atención a las víctimas de violencia machista. Con él pretende reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y evaluar dónde se están produciendo los posibles fallos en cuanto a detección, prevención y protección. 

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Aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros antes del parón de las vacaciones, sus quince medidas estarán encaminadas a la sensibilización de la sociedad y del entorno de las víctimas, a detectar de forma temprana la violencia en servicios públicos de proximidad, a apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la situación, a proteger a los niños y las niñas y a reforzar la protección y la seguridad de las víctimas en riesgo, con y sin denuncia. Entre otras cuestiones incluirá un curso "reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todos los agentes de los cuerpos de seguridad, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana" que será de carácter anual, masivo y multidisciplinar.

En esta línea, el Gobierno se ha comprometido además a llevar a cabo la permanencia y la institucionalización del Pacto de Estado más allá de 2022, que es cuando finaliza su vigencia. Y en la última Conferencia Sectorial se aprobó la transferencia de otros 100 millones de euros a las comunidades para la financiación de proyectos relativos a la lucha contra esta lacra.

Ley de trata

Montero se ha manifestado abiertamente abolicionista de la prostitución. "Una [feminista] partidaria de regular la prostitución y otra abolicionista podemos ponernos de acuerdo en que la explotación sexual es una violencia extrema contra las mujeres que debe ser combatida", señalaba en una entrevista con 20minutos el año pasado. "En materia de persecución de la industria proxeneta y en los objetivos que las abolicionistas han planteado durante décadas, este Gobierno, y en concreto este ministerio, va a llegar más lejos de lo que ningún otro", añadía también a este medio hace unos meses.

En ese contexto Igualdad trabaja en un plan de acción contra la trata y la explotación sexual y para la especial protección de todas sus víctimas que incluirá la elaboración de una ley integral. Su fase de consulta pública se inició a mediados de abril y terminó a finales de mayo. La norma quiere incluir también "la trata con fines de explotación laboral, los matrimonios forzosos o la mendicidad". La intención es perseguir los delitos pero también ofrecer protección y una salida laboral y económica a las mujeres que sufren esas formas de violencia.